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El caso Enron, empresa energética de los Estados Unidos, quedará probablemente como uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. En 2001, la empresa se presentó en quiebra con deudas por más de u$s 30.000 millones, poco después de haber declarado ganancias anuales por u$s 1.000 millones y hacer estallar las pizarras bursátiles con alzas espectaculares en sus acciones.

La quiebra de la compañía dejó en la ruina a miles de sus empleados que, además de perder su trabajo, vieron desplomarse las acciones de u$s 90 a u$s 0,42, que habían adquirido estimulados por la propia compañía. Miles de pensionados quedaron sin haberes después de la quiebra de los fondos de pensiones que habían sido invertidos en Enron.

Las repercusiones fueron tales que la quiebra sacudió casi todos los mercados financieros del planeta. Era sólo el principio de un escándalo contable que consistió en realizar maniobras fraudulentas para disimular pasivos abismales y que salpicó rápidamente a la consultora Andersen, una de las firmas más importantes de auditoria contable.

Las repercusiones llegaron incluso al Congreso de los EEUU, que decidió votar en el 2002 leyes( Sarbanes-Oxley) destinadas a proteger a las empresas de defraudación y fortalecer los controles internos y externos, estableciendo reglas de gobierno de tipo corporativo.

Si bien se trata de dos casos resueltos por la Justicia de los Estados Unidos, en la Argentina una persona que participe en una quiebra fraudulenta o un vaciamiento de una compañía también podría correr la misma suerte, aunque sólo podrá ser condenado hasta seis años (¿), siempre que no exista la concurrencia de otros delitos.

De ésta manera, el Código Penal argentino tipifica, al proteger la propiedad como bien jurídico, la quiebra fraudulenta. En forma específica, el artículo 176 castiga con prisión de dos a seis años al comerciante declarado en quiebra, que hubiere incurrido en algunos de los siguientes hechos:

-Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas: tal como ocurrió en el caso “WorldCom”, cuando se desviaron u$s3.800 millones de gastos a inversión de capital y así el dinero utilizado en gastos había sido registrado como capital de la empresa al margen de las reglas contables generalmente aceptadas.

-No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener: también contempla los casos de substracción u ocultación de alguna cosa que correspondiere a la masa de bienes.

-Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor: esto es, por ejemplo, dar preferencias de cobro a quienes no tenga los privilegios legales para beneficiarse de un pago prioritario.