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La corrupción política o administrativa, en el sentido más general del término, es el abuso de una autoridad o cargo público para el beneficio privado. Esta actividad ocurre cuando un funcionario o empleado público es incitado a actuar de manera distinta a las normas y procesos legales para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa económica, social, política o ideológica. La corrupción implica, por lo tanto, una desviación de los deberes y responsabilidades formales de la función pública que se desempeña y una violación de las reglas jurídicas y éticas que sancionan las relaciones o influencias con el sector privado. En este sentido, cualquier acto de corrupción es una perversión, alteración o desviación del comportamiento esperado con respecto a las premisas valorativas aceptadas y la acción efectivamente realizada. Por su naturaleza ilegal, la corrupción es una transacción oculta y secreta entre el corruptor y el funcionario que se deja corromper.

Los escándalos relacionados con sobornos, fraudes y malversación de fondos públicos por funcionarios inescrupulosos no son recientes. Sin embargo, es a partir de la década de los ochenta que la percepción sobre la corrupción así como la falta de confianza y credibilidad de los ciudadanos en los gobiernos democráticos se ha generalizado. Durante este tiempo, la corrupción se ha extendido peligrosamente convirtiéndose en una práctica institucionalizada en casi todos los países, irrespectivo de su nivel de desarrollo económico. Así lo confirma Transparencia Internacional, organización que tiene el objetivo de combatir y asesorar sobre la corrupción a nivel global.

Las razones que explican el auge de este problema son demasiado complejas para discutirlas en este artículo, pero no cabe duda que están relacionadas con problemas económicos y políticos comunes de carácter global. Entre ellos podemos mencionar el predominio en los diversos países de políticas neoliberales, la deslegitimación del Estado como ente regulador del mercado, el alto costo de las campañas políticas, la política de privatización elevada a filosofía de gobierno, las reformas de los gobiernos que privilegian una visión “empresarial” del sector público y el partidismo exacerbado fundamentado en la falsa creencia de que toda acción administrativa está legitimada si beneficia al partido al que se pertenece.

Sin lugar a dudas, la corrupción se ha convertido en nuestros días en un problema que excede la mera codicia personal de un empleado inescrupuloso que solicita una “mordida” para acelerar un trámite burocrático para transformarse en un grave problema institucional que socava las bases del sistema de gobierno democrático. Además de los costos económicos debido a la alteración del mercado y la irracionalidad de las decisiones sobre política pública, la corrupción tiene consecuencias adversas en la planificación de proyectos de infraestructura y en la preservación del ambiente. Es una práctica común en los gobiernos corruptos la tendencia a favorecer grandes proyectos de dudosa prioridad y mal planificados, porque son los que más dinero generan para ser repartido entre las redes de funcionarios, políticos y empresarios corruptos. Los efectos de la corrupción para la preservación del ambiente y los recursos naturales son desastrosos dado que para aligerar los permisos de construcción se alteran o eliminan requisitos y se violan los procedimientos establecidos, especialmente aquéllos relacionados con la transparencia y la participación de las comunidades afectadas. Al generalizarse la percepción de la corrupción, los ciudadanos comienzan a perder la confianza en las instituciones públicas y en ocasiones aceptan cínicamente el comportamiento corrupto como algo normal en la política, se pierde la sensibilidad y se pone en riesgo los valores de la vida democrática, particularmente el significado e importancia del servicio público para la convivencia democrática.

La corrupción institucional o generalizada socava las bases del servicio público. El auge de la corrupción ha provocado actitudes de cinismo, menosprecio y devaluación del servicio público por parte de los ciudadanos. Esta situación, peligrosa para la democracia, se agudiza cuando los propios políticos que buscan la elección utilizan una retórica antigubernamental, neoliberal y tecnocrática señalando a los servidores y la función pública como los responsables de la corrupción.

Leonardo S. Rabell en www.independencia.net (fragmento)