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La expulsión de una decena de Organizaciones no gubernamentales (ONG) instaladas en Sudán ha puesto en riesgo la supervivencia de alrededor de 2,5 millones de personas que dependen de estas organizaciones para alimentarse. La ayuda prestada por estas ONG representa entre el 60% y el 80% del total de la asistencia humanitaria en esta región sudanesa. La salida de las ONG fue la respuesta del Gobierno del país africano a la orden de detención decretada por la Corte Penal Internacional contra el presidente Omar al Bashir, por crímenes contra la humanidad en Darfur. (*)

Una de las ONG afectadas es Acción contra el Hambre (ACH), que se ha visto obligada a cerrar sus oficinas en Jartum y a suspender todos los programas que estaba llevando a cabo en Sudán. ACH denuncia que su expulsión va a provocar que 450.000 personas se vean privadas de asistencias humanitarias urgentes y obligadas a valerse por sí mismas para conseguir agua y alimentos. Acción contra el Hambre distribuía 800.000 raciones alimentarias y cerca de 10.000 toneladas de comida.

Otra organización que debe abandonar Sudán es Oxfam Internacional. Francisco Yermo, portavoz de Oxfam para Sudán, ha dicho que “si se revoca la licencia de su Organización, afectará a más de 600.000 sudaneses a quienes proveemos de ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo”. Yermo explicó que entre sus trabajos se encuentra la distribución diaria de agua potable y medidas de saneamiento a 400.000 personas víctimas del conflicto de Darfur. “Otras 200.000 personas pobres que se encuentran en la zona este del país y en Jartum dejarán también de recibir nuestra colaboración”.

Según el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Su salida tendría un impacto grave en la situación humanitaria y de seguridad en el norte de Sudán, particularmente en Darfur”. Los responsables de la ONU, así como sus enviados especiales en la zona, seguirán manteniendo contactos con el Gobierno sudanés “cuando sea necesario”. La sección holandesa de Médicos Sin Fronteras, también damnificada por la orden del Gobierno sudanés, ha advertido que se dejará a más de 200.000 pacientes sin atención médica.

Por su parte, Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), ha señalado que la orden de arresto indica que al-Bashir “debe responder por las atrocidades en Darfur, y desmiente las reiteradas negativas de Jartum sobre su responsabilidad”. Dice también, que la orden de detención no cambia las obligaciones que, en virtud del derecho internacional, tiene Sudán de proteger a sus propios civiles y de proporcionar acceso pleno, seguro y sin obstáculos al personal de socorro a los necesitados en Darfur, asegura HRW.

Agencia Noticiera EFE – 6 de marzo de 2009 Fecha de publicación:

(*) El documental DARFUR AHORA ilustra sobre la situación. (Ver filmes educativos).